Por Alejandro Pundyk
Intento imaginar qué significan ocho millones de libros y me resulta difícil. Ocho millones de tapas, páginas, ilustraciones, palabras e historias. Libros infantiles, textos escolares, novelas, ensayos. Algunos esperando un lector, otros esperando llegar a una librería, una escuela o una biblioteca. El 1 de agosto, un ataque ruso con drones destruyó el depósito de Ranok, una de las principales editoriales ucranianas, en Kharkiv. Según informó Reuters, alrededor de ocho millones de ejemplares se perdieron como consecuencia del ataque y, sumados otros episodios recientes que afectaron a la industria editorial, más de diez millones de libros fueron destruidos en Ucrania en apenas unos meses.
Cuando vi las imágenes pensé inevitablemente en Ray Bradbury. Fahrenheit 451, publicada en 1953, imaginaba una sociedad en la que los bomberos ya no apagaban incendios, sino que buscaban libros para quemarlos. Kharkiv, naturalmente, no es Fahrenheit 451, y no sabemos que los drones que destruyeron el depósito de Ranok hayan sido enviados allí específicamente porque almacenaba libros. Afirmarlo sin evidencia sería transformar una reflexión sobre la destrucción cultural en aquello que justamente deberíamos evitar. Pero hay algo inevitablemente perturbador en observar millones de libros convertidos en cenizas y recordar una novela que hizo del fuego la metáfora de la desaparición de la memoria.
Además, no era la primera vez. El 23 de mayo de 2024, un ataque ruso alcanzó Factor Druk, una de las mayores imprentas de Ucrania, también en Kharkiv. Siete trabajadores murieron, más de veinte personas resultaron heridas y decenas de miles de libros fueron destruidos. Aquella imprenta concentraba una parte significativa de la capacidad de producción editorial del país. Dos años después, el depósito de Ranok perdió millones de ejemplares.
Un misil o un dron no lee. No conoce al autor, no distingue una novela de un manual escolar y no comprende el idioma de las páginas que destruye. Esa distinción importa porque atribuir intenciones sin pruebas debilitaría cualquier análisis serio. Pero también existe un resultado que no depende de conocer la intención de cada ataque. Una imprenta deja de imprimir, una editorial pierde parte de su producción y millones de libros nunca llegan a sus lectores.
Es difícil separar esas imágenes de otra característica de esta guerra: la magnitud del precio que Rusia está dispuesta a pagar para sostenerla y, sobre todo, del precio que está dispuesta a hacer pagar a los demás. Puede medirse en vidas ucranianas y también en las propias vidas rusas enviadas al frente. En ciudades destruidas, infraestructura, desplazamientos de población, escuelas cerradas, economías alteradas y comunidades separadas. Dentro de esa enorme cuenta existe una pérdida menos urgente que una vida humana, pero cuya dimensión resulta mucho más difícil de calcular: la destrucción del patrimonio cultural.
UNESCO lleva un registro de los bienes culturales dañados desde el comienzo de la invasión a gran escala y, al 15 de julio de 2026, había verificado daños en 541 sitios en Ucrania. Entre ellos se encuentran 156 edificios religiosos, 281 edificios de interés histórico o artístico, 43 museos, 33 monumentos, 22 bibliotecas, cinco sitios arqueológicos y cinco archivos. La organización explica que realiza una evaluación preliminar contrastando los incidentes reportados con múltiples fuentes creíbles y que, junto con organizaciones asociadas, trabaja también con herramientas de evaluación que incluyen el análisis de imágenes satelitales.
Pero las estadísticas tienen un límite. Un edificio histórico puede aparecer como una unidad dañada, aunque esa cifra no describa los frescos que contenía, los documentos conservados durante generaciones, las obras que albergaba o el lugar que ocupaba dentro de la memoria de una comunidad. Una biblioteca puede reconstruirse, pero no necesariamente puede reconstruirse su colección. Una iglesia puede volver a levantarse, pero no aquello que sobrevivió durante siglos dentro de ella. La destrucción cultural puede ocurrir en segundos y requerir generaciones para ser reparada.
Hasta aquí podríamos seguir hablando de las consecuencias de una guerra extraordinariamente destructiva. Podríamos discutir cada ataque, analizar objetivos militares, investigar responsabilidades y preguntarnos qué daños fueron deliberados y cuáles consecuencia de operaciones dirigidas contra otros blancos.
Pero existe otro escenario donde esa incertidumbre desaparece. No está en las ruinas de una imprenta. Está dentro de las aulas de los territorios ucranianos ocupados.
Human Rights Watch investigó durante años lo ocurrido con la educación bajo ocupación rusa. En su informe Education under Occupation: Forced Russification of the School System in Occupied Ukrainian Territories, documentó la sustitución del currículo ucraniano por el ruso, la imposición del ruso como lengua de enseñanza, la llegada de textos escolares provenientes de Rusia y la confiscación y destrucción de materiales educativos ucranianos.
También documentó presiones sobre docentes y familias para aceptar el nuevo sistema y la incorporación de una interpretación de la historia y de la propia guerra alineada con la narrativa oficial rusa.
Y allí cambia el significado de los libros.
Una cosa es que un dron destruya un depósito que contiene ocho millones de ejemplares. Otra muy diferente es que una autoridad pueda distinguir perfectamente un libro ucraniano de uno ruso y decida cuál debe permanecer en una escuela, qué manual utilizará un alumno, en qué idioma aprenderá y qué interpretación de la historia encontrará en sus páginas.
En el primer caso podemos discutir la intención del ataque. En el segundo, la selección es precisamente la acción.
Quizás sea en una escuela donde mejor puede comprenderse qué significa realmente controlar un territorio durante mucho tiempo. Una ocupación militar puede modificar fronteras, autoridades y leyes. Pero un sistema educativo trabaja sobre algo diferente: el futuro. El niño que hoy aprende a leer tendrá dentro de veinte años una determinada relación con su lengua, su historia y el lugar al que considera propio.
Por eso reemplazar simultáneamente el idioma de enseñanza, los manuales, el currículo y el relato histórico no constituye solamente una reforma educativa. Significa intervenir sobre los mecanismos mediante los cuales una comunidad transmite su identidad de una generación a la siguiente.
En Ucrania, esta cuestión posee además una profundidad histórica imposible de ignorar. La lengua y la cultura ucranianas atravesaron distintos períodos de restricciones, prohibiciones y políticas de rusificación mucho antes de la existencia de la actual Federación Rusa. No todos esos procesos fueron iguales ni corresponde proyectarlos mecánicamente sobre el presente. Pero ayudan a comprender por qué para los ucranianos enseñar su lengua, publicar sus libros y transmitir su propia interpretación de la historia nunca fueron cuestiones culturales abstractas.
Una lengua no desaparece únicamente cuando se prohíbe hablarla. También puede retroceder cuando deja de enseñarse. Una memoria no necesita ser borrada de todos los archivos para debilitarse. Basta con que una generación deje de acceder a ella. Y un libro no necesita arder para desaparecer de la vida de una sociedad. Puede simplemente dejar de estar disponible en la biblioteca de una escuela.
Entonces regreso a Bradbury.
Fahrenheit 451 nunca fue solamente una novela sobre el fuego. Los libros ardían porque había que impedir que continuaran circulando las ideas, recuerdos y preguntas que contenían. La imagen de las llamas era espectacular, pero el verdadero problema estaba en aquello que una sociedad dejaría de conocer después.
Las fotografías de Kharkiv tienen algo de esa advertencia. Ocho millones de libros pueden volver a imprimirse. Ranok puede reconstruir su depósito. Factor Druk puede recuperar capacidad productiva. Las bibliotecas pueden recibir nuevos ejemplares y los museos restaurar sus salas. Ucrania está haciendo muchas de esas cosas mientras la guerra continúa.
Mucho más difícil es reconstruir aquello que una generación dejó de aprender.
Por eso quizá la imagen más inquietante no sea finalmente la de ocho millones de libros ardiendo en un depósito. Es mucho menos espectacular. Es la de un niño sentado frente a un pupitre, abriendo un libro elegido por una autoridad de ocupación y aprendiendo, a través de sus páginas, qué lengua debe utilizar, qué historia debe recordar y a qué país debería sentir que pertenece.
Setenta y tres años después de que Bradbury imaginara una sociedad que destruía libros para controlar aquello que las personas podían conocer, la pregunta continúa incómodamente vigente.
Un país puede reconstruir sus edificios. Puede volver a imprimir sus libros. Pero cuando alguien pretende decidir qué lengua debe hablar una generación, qué historia debe aprender y qué memoria puede conservar, ya no está intentando solamente controlar un territorio. Está intentando decidir quiénes serán quienes vivan en él.